Aquí manda Rita y nadie más... Lo que diga la borracha

Pese a que el Tribunal Constitucional paralizó los derribos planeados por el Ayuntamiento de Valencia en el barrio del Cabanyal, la comisión de Urbanismo ha aprobado 18 expedientes de derribo que afectan a 31 viviendas.

La votación ha contado con el apoyo del PP y el rechazo del PSPV-PSOE, tal y como ha informado el concejal socialista Vicente González Móstoles, que también ha explicado que la mayoría de los derribos se refieren a viviendas comprendidas en el entorno de las calles San Pedro y Luis Despuig.

De este modo, el Ayuntamiento de Valencia hace oídos sordos a las decisiones del Constitucional, que el pasado 19 de abril decidió admitir a trámite el recurso promovido por el Ejecutivo contra la ley autonómica. En estos momentos la norma que rige es la orden ministerial, que ordena la paralización del PEPRI, por considerar que existe expolio.

Los últimos derribos se produjeron los pasados días 6 y 8 de abril, cuando entró en vigor la ley.

El otro Cabanyal posible

El Cabanyal está herido. Sus últimas llagas son los solares que han dejado los cinco derribos perpetrados por el ayuntamiento la semana pasada. La violencia de la Policía Local y la Nacional contra los vecinos que intentaron impedirlos ha sumido el barrio en la estupefacción. No es para menos. A finales de diciembre, el Ministerio de Cultura, a instancias del Tribunal Supremo, suspendió el plan por considerarlo un "expolio del patrimonio" e instó a la rehabilitación de este viejo enclave marinero. Los manifestantes que esgrimieron este argumento acabaron en el hospital o en el calabozo. Formaciones como Compromís o Izquierda Unida ya han demandado el cese del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, por enviar la Policía Nacional a cargar contra ciudadanos que defendían las normas de una administración a la que representa. Esta tarde lo volverán a exigir en Madrid, a las puertas del Ministerio de Cultura.

El clímax vivido en los últimos días también ha puesto de relieve la necesidad de adoptar soluciones urgentes en un barrio al borde del colapso tras más de una década de paralización e incertidumbre. En 1998, el ayuntamiento aprobó el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior), que incluye la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez sobre 600 edificios de un elevado valor histórico. La contestación ciudadana fue inmediata y se articuló en torno a Salvem el Cabanyal, plataforma que aboga por "una rehabilitación integral del barrio sin destrucción". Una idea que también defienden los partidos de la oposición y numerosas entidades del ámbito de la protección artística y patrimonial.

Tras 12 años de debate, propuestas, informes y jornadas culturales, se ha generado un plan de rehabilitación no escrito. Un plan minucioso de gran participación ciudadana que se nutre de aportaciones de profesionales de prestigio como Jean Nouvel, Oriol Bohigas, Ramón López de Lucio, Álvaro Siza o Lucien Kroll. Por ejemplo, el portugués Siza apuesta por un barrio habitable, con fachadas de casas tapadas por plantas trepadoras y espacios donde apetezca pasear y no sean sólo un lugar de paso.

¿Garzón a juicio?

Amnistía Internacional considera insólito que el juez Garzón pueda ser juzgado por investigar las desapariciones de más de 100.000 personas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La “Ley de Amnistía de 1977” ha sido invocada para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si este juicio se produce, será la primera vez en todo el mundo – al menos que tengamos constancia en Amnistía Internacional - que un magistrado, en democracia, es sentado en el banquillo por intentar conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas de crímenes internacionales. Además, enviará un mensaje tremendamente negativo para otros jueces que lo intenten, tanto en España, como en el resto del mundo.

Las normas internacionales de derechos humanos dicen claramente que el crimen de desaparición forzada NO prescribe y entorpecer su investigación es un delito, por tanto ninguna “Ley de Amnistía” puede contradecirlas.

Borracha més que borracha!

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, llevó ayer al terreno de los hechos su insumisión a la orden del Ministerio de Cultura que paralizó, a finales de diciembre, el plan municipal que prevé el derribo de 1.600 casas de alto valor artístico en el barrio de El Cabanyal. Las piquetas, ayudadas por la represión policial, vencieron la resistencia de los vecinos y lograron derribar dos de las casa protegidas.

Barberá ordenó ayer el derribo de dos edificios, justo el día que entraba en vigor una ley aprobada en Les Corts, con mayoría absoluta del PP, para validar las demoliciones y buscar un conflicto de competencias con Cultura, que argumenta que los derribos suponen un "expolio patrimonial".

Precisamente, la ley de los populares es un calco del decreto que aprobaron el pasado enero se tramitó pese a que el Consejo de Estado emitió un informe en contra y de que el Gobierno central presentó un recurso de inconstitucionalidad y que motivó una rápida suspensión cautelar. Recientemente, la alcaldesa afirmó que continuaría con las obras aunque fuese a la cárcel por ello.

La rebeldía de la primera edil se inició a las ocho de la mañana, en un inmueble abandonado en San Pedro, una de las primeras calles que dieron trama urbana e identidad al viejo poblado de pescadores de Poble Nou de la Mar.

De hecho, esta vía está repleta de casas con vestigios arquitectónicos del modernismo popular de finales del siglo XIX. Muchas de ellas están protegidas con Nivel 2, el mismo del que gozan, por ejemplo, el Palacio Arzobispal o el mismo ayuntamiento.